Es de conocimiento público que más del 90% de los medios de comunicación masivos, están en poder del pinochetismo y de los sectores más conservadores y retrógrados de la sociedad chilena. En donde el brazo oficial de la CIA en Chile, el diario golpista El Mercurio y su cadena de pasquines regionales (23 impresos), junto al Consorcio Copesa, son los que animan las causas derechistas y establecen la agenda nacional.
Y no sólo eso, además el Estado es el que financia en gran parte los medios de prensa de estos sectores, mediante la publicidad estatal, pues según el Observatorio de Medios FUCATEL, para los años 2004 y 2005, el periódico de Agustín Edwards percibió el 48% del gasto en publicidad del sector público, en la práctica un subsidio del Estado.
"La concentración del avisaje estatal en pocos medios de comunicación social y la excesiva arbitrariedad en su gasto, es un obstáculo para hacer efectivas las garantías constitucionales de pluralismo y diversidad social, cultural y política", sostiene el Informe de la Comisión Investigadora del avisaje estatal de la Cámara de Diputados, aprobado por unanimidad en octubre pasado.
El documento tiene su base en una investigación de FUCATEL titulada "Análisis de distribución del avisaje publicitario de las empresas estatales", publicado el 2005. No obstante, el trabajo divulgado por la Cámara Baja aglutina más información, pues reunió entrevistas y expedientes procedentes de ministerios, empresas estatales, servicios públicos e investigadores del rubro.
Dentro de las conclusiones a las que llegó este Informe, El Ciudadano destaca dos por su relación con los medios pequeños e independientes. "Según los datos proporcionados por la Dirección de Presupuesto, en el ítem de Publicidad y Difusión, el año 2004 se gastaron 13.570 millones de pesos; en el año 2005, 21.000 millones de pesos; y al mes de agosto de 2006, 10.000 millones de pesos. Pese a que dicho gasto representa un monto menor en la torta publicitaria total, del orden de 700 millones de dólares, es una suma que puede ser significativa para los medios pequeños y regionales", desmenuza el informe.
Y añade que "una ley regulatoria de publicidad oficial, que promueva la transparencia y la eficiencia en la contratación y selección de medios, debiera producir un aumento de la inversión del Estado en avisaje en medios pequeños y regionales, por la vía de ponerlos en capacidad de competir por adjudicarse el mismo, lo que debiera repercutir en el pluralismo y favorecer la libertad de expresión".
La falta de regulación de la publicidad estatal deja abierta la posibilidad para que ésta se utilice como un mecanismo para presionar o interferir la libre expresión ciudadana, utilizando la asignación o retiro de pauta publicitaria para beneficiar a medios y periodistas afines o castigar a los críticos, condicionando el contenido de sus informaciones.
Lo anterior deja el camino expedito para que los grandes empresarios, los fundamentalistas religiosos, los militares y los dueños del duopolio, en conjunto llamados "poderes fácticos", provean de la "verdad definitiva" –social, moral y económica- usando los medios de comunicación social para acallar las voces discrepantes de grupos ambientalistas, sindicales, minoritarios y, por su puesto, de medios independientes como El Ciudadano.
Esperamos que el informe de publicidad estatal no sea letra muerta para el gobierno, ya que mientras tanto el poderoso duopolio le niega a los ciudadanos información vital acerca de su economía y su democracia, ignorando al mismo tiempo, el perfil del ciudadano promedio y sus preocupaciones.
Mauricio San Cristóbal
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