viernes, 18 de abril de 2008

Ministro del Interior llamó a un acuerdo nacional para un mejor Estado

En Icare la autoridad destacó la necesidad de contar con un «Estado más ágil» para corregir «las desigualdades que la sociedad genera». Para lograr este objetivo, sostuvo que es necesario modificar el clima de beligerancia que actualmente domina el debate público. «Este es un tema que no tolera el sacar pequeñas ventajas políticas», enfatizó.
El Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, llamó a un acuerdo nacional para un mejor Estado. «Porque creemos en él, en su rol promotor del bien común, del desarrollo y de la protección social, es que necesitamos un mejor Estado, más ágil y con menos grasa para cumplir esas tarea. Sabemos que, finalmente, el Estado es el llamado a corregir las desigualdades que la sociedad genera», sostuvo en Icare.
La autoridad precisó que para lograr este objetivo es necesario modificar el clima de beligerancia que actualmente domina el debate público. «No pertenecemos al sector político que ve en el Estado una amenaza y aspira siempre a reducir per se su tamaño e influencia social. No somos los que solemos descalificar a los funcionarios públicos, generalizando acusaciones de corrupción o mediocridad», afirmó.
«Este es un tema que no tolera el sacar pequeñas ventajas políticas», enfatizó, proponiendo un «acuerdo nacional para un mejor Estado». El jefe de Gabinete subrayó que la modernización del Estado es una oportunidad para que «los políticos demostremos al país, que más allá de las diferencias, es necesario y posible llegar a los grandes consensos que Chile
necesita».
El Ministro sostuvo que es necesario contar con un mejor Estado, para que «gran parte del esfuerzo social que se hace bajo el liderazgo de la Presidenta, llegue a la mayoría de las chilenas y chilenos».
Avances
Entre los avances que ya se han registrado para contar con un «mejor Estado», la autoridad destacó la creación del Servicio Civil y del Consejo de la Alta Dirección Pública la mejor evaluación y control de la función pública. Además dio cuenta de que varios programas que fueron evaluados negativamente fueron terminados.
En cuanto a las medidas de transparencia, relevó la declaración de patrimonio de los altos funcionarios públicos, la transición laboral entre un cargo público fiscalizador y un cargo en el mundo privado y normas de protección a quienes denuncian hechos de corrupción.
Asimismo, destacó a Chile Compra, que se ha transformado en un ejemplo que combina transparencia con eficiencia pública.
Anunció que en las próximas semanas, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Presidenta enviará al Senado para su aprobación una propuesta con los nombres de los consejeros que tendrán por misión legal promover la transparencia activa.
«Me interesa recalcar que el Estado de Chile funciona. No tan bien como quisiéramos, pero sí mucho mejor de lo que livianamente algunos creen», afirmó. En este sentido, recordó los distintos índices de competitividad y transparencia que ubican a Chile como el país latinoamericano más destacado.
Desafíos
En relación a los desafíos futuros, Pérez Yoma resaltó que se debe «superar la mirada sectorial y compartimentada de ministerios y organismo, para avanzar hacia la generación de políticas públicas transversales». Al mismo tiempo, llamó a la articulación de esfuerzos de largo plazo con el sector privado.
«El Estado del futuro deberá ser capaz de discutir y consensuar políticas estratégicas para el desarrollo de Chile que no pueden permitirse revisiones y cambios de orientación cada vez que cambia el gobierno», sostuvo. Pérez Yoma destacó la necesidad de revisar las atribuciones de la Contraloría, dada la gran cantidad de procedimientos que realiza y que impiden una mayor rapidez, pasando de un control previo y formal, a un sistema de control más profundo, aleatorio y ex post.
En otro orden, dijo que el Estado debe ser capaz de ofrecer remuneraciones competitivas para atraer a los mejores para el servicio de todos. Al mismo tiempo postuló que se deben profundizar los estímulos para que la gestión pública se oriente hacia resultados, proponiendo un sistema de acreditación para que aquellos organismos que cumplan sus metas puedan pasar a un régimen administrativo más flexible.
También insistió en la necesidad de avanzar hacia un Estado más descentralizado y eficaz. A pesar de la creación de nuevas regiones, del proyecto de ley que permite la elección de consejeros regionales, la creciente importancia del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y la creación de las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, es necesario avanzar en la transferencia de competencias a las regiones. Para ellos propuso becas y programas de capacitación para los profesionales que se desempeñen en los gobiernos regionales.
Entre las medidas de corto plazo destacó:
La creación de la gerencia de subvenciones en el Ministerio de Educación, que durante el segundo semestre del año deberá computarizar todo el sistema de subvenciones.
Mejorar la gestión de inversiones.
Incorporar mayor tecnología de información para que un número mayor de trámites se realicen por Internet.
Modernizar los gobiernos corporativos de las empresas públicas (proyecto recientemente enviado) con la modernización del Consejo del SEP y a su composición.
Entre las medidas de mediano plazo destacó:
La creación de la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas.
La profundización del sistema de la Alta Dirección pública y la adecuación de las remuneraciones para garantizar reclutamiento de gestores públicos de excelencia.
La creación de una institucionalidad para las alianzas público-privadas para abordar temas país con una estructura mixta, funcionamiento transparente, metas claras y flexibilidad administrativa.
También se deben agilizar iniciativas que están en el Congreso como la reforma de tribunales Tributarios y Aduaneros, el fortalecimiento del Tribunal de la Libre Competencia y Fiscalía Nacional Económica, el nuevo estatuto Pyme, la reforma a la estructura corporativa de Codelco, el perfeccionamiento de ChileCompra y la nueva institucionalidad del Fondo de Innovación para la Competitividad.

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